Resumen: La Sala Tercera del TS declara la inadmisibilidad por falta de legitimación activa del recurso contencioso-administrativo interpuesto por un partido político contra el nombramiento del Fiscal General del Estado. Refiere la Sala distintos autos y sentencias que acordaron la falta de legitimación con respecto a todo tipo de partidos políticos, ya sean del ámbito parlamentario o extraparlamentario. Señala asimismo que tampoco concurren diferencias por razón de la actuación impugnada, que en algunos casos incluía el correspondiente trámite parlamentario. Mantiene que la función de relevancia constitucional que llevan a cabo los partidos políticos, a través de la acción política, bien poniendo en práctica sus respectivos programas, bien expresando su crítica al Gobierno, no puede servir de justificación para conferir esa acción universal que permita impugnar la actuación del Gobierno y de la Administración, de la que legítimamente puedan discrepar. Concluye su razonamiento la Sala expresando que negar la legitimación a un partido político no implica crear zonas de inmunidad al control jurisdiccional. Mantiene que la jurisdicción contencioso-administrativa no es adecuada para dirimir controversias suscitadas en la defensa de intereses de carácter político, al margen de las reglas sobre la legitimación establecidas por la ley con carácter general. La sentencia viene acompañada de dos votos particulares de los Sres. Fonseca-Herrero y Requero.
Resumen: Se declara en la sentencia la prescripción del delito leve por el que ambos acusados han sido condenados, al haber estado paralizada la causa por tiempo superior al año que en el art. 131.1 del C.P. se establece para la prescripción de los delitos leves, ya que si bien durante tal tiempo se ha producido la pandemia se considera que tal situación, aún excepcional, no impide la extinción de la responsabilidad criminal por la prescripción del delito, ya que tiene una naturaleza jurídica diferente al ejercicio de acciones y derechos a respecto de los cuales la D.A. Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID , que establecía la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad, por lo que la prescripción del delito no queda interrumpida por dicha norma. Si bien es cierto que los dos recurrentes eran acusados también de un delito de robo con violencia además del delito leve de lesiones, fueron absueltos del primero por lo que el plazo de prescripción aplicable es, exclusivamente, el del delito leve por el que, efectivamente han resultado condenados, citándose, al efecto, el Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo adoptado en Sala general, por el Pleno, en su reunión de 26-10-2010, procediendo por ello la absolución de ambos recurrentes.
Resumen: Recurre el trabajador la (declarada) improcedencia de su despido, reiterando la existencia de cesión ilegal entre las codemandadas; institución jurídica que la Sala examina desde una consolidada doctrina jurisprudencial según la cual el elemento que define el fenómeno interpositorio aparece esencialmente vinculado al efectivo ejercicio, por parte del empleador, de sus poderes empresariales. Como así acontece en el caso examinado pues, además de tratarse de una empresa real y solvente, dispone de organización propia instrumentada a través de un coordinador de equipo designado por la principal pero de acuerdo con la entidad contratada; determinándose el horario en el Pliego de prescripciones técnicas. En respuesta a las segundas cuestiones suscitadas (referida a la nulidad del despido por vulneración de la garantía de indemnidad) se remite la Sala a los principios que la informan y a la inversión de la carga probatoria cuando se acrediten indicios de la misma, advirtiéndose por el Tribunal que si bien es cierto que la demandante junto con dos compañeras presentaron papeleta de conciliación solicitando la declaración de existencia de aquella cesión ilegal no lo es menos que ya con anterioridad a la presentación de la demanda la principal ya había comunicado la extinción del contrato; debiendo, por ello , entenderse que se ha justificado que dicha decisión tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de dicha garantía.
Resumen: PRIMERO.- El juzgado de lo social número cinco de Donostia-San Sebastián ha desestimado la demanda de conflicto colectivo en la que el sindicato ELA y la delegada de personal solicitaban la declaración de nulidad/carácter injustificado del ERTE por causas productivas planteado por la empresa TELIMAN SL de suspensión de contratos desde 01/01/2021 hasta 30/06/2021 de todos los trabajadores de su plantilla empleados en concreto en la contrata del servicio de limpieza de autobuses de la empresa IRIZAR S COOP, tras la comunicación en noviembre 2020 de esta empresa de suspensión temporal de la contrata mercantil por la decisión de internalizar tal servicio de limpieza, entendiendo el juzgador que concurre causa objetiva productiva y rechazando el fraude de ley, absolviendo a las dos empresas demandadas de la solicitud de condena solidaria.
